América Latina y el Caribe se encuentran ante un momento crucial. Las proyecciones de crecimiento moderado para 2026 plantean retos importantes, pero también revelan oportunidades para un nuevo contrato social que impulse el desarrollo.

Panorama económico para 2026

Las principales instituciones multilaterales coinciden en que el crecimiento de la región será inferior al de otras economías emergentes. La ONU prevé un avance del 2,3% en 2026, el FMI sitúa la cifra entre el 2,2% y 2,3%, y el Banco Mundial la ubica igualmente en un 2,3%. La CEPAL y el BID coinciden en cifras cercanas, mientras la OCDE sugiere un ritmo más bajo, del 1,9%.

Este escenario refleja un entorno global complejo: demanda externa fluctuante, precios de materias primas estables pero riesgos arancelarios, y condiciones financieras internacionales más restrictivas. Al mismo tiempo, el consumo interno y una leve desinflación mantienen cierta resiliencia.

• Crecimiento moderado y heterogéneo impulsado por consumo e inversión
• Inflación en descenso, con expectativas del 5,0% en 2026
• Dependencia de socios como EE.UU. y China
• Presiones fiscales y deuda pública elevada

Desafíos estructurales de la región

La región enfrenta un conjunto de barreras de largo plazo que frenan su potencial. Entre ellas, destacan:

• Baja productividad y falta de competitividad atribuible a débil inversión en innovación
• Limitada inversión pública y privada en educación e infraestructura
• Alta desigualdad y persistencia de la pobreza
• Dependencia de exportaciones de materias primas

La insuficiente diversificación de la producción y la carencia de encadenamientos tecnológicos profundizan la brecha con economías más avanzadas. La deuda pública obliga a mantener gastos procíclicos que restringen el financiamiento para políticas de largo plazo.

Otro factor crítico es el alto costo de la violencia y el delito, que representa cerca del 3,4% del PIB según el BID. Este gasto indirecto en seguridad resta recursos a la inversión social y erosiona la confianza ciudadana.

Riesgos políticos e institucionales

La inestabilidad política es un elemento recurrente en la agenda regional. Los cambios de gobierno frecuentes y las tensiones sociales generan incertidumbre en los inversores y dificultan la implementación de reformas estructurales.

Las elecciones de 2026 en Brasil y Colombia, junto con la presión de movimientos sociales en países como Chile y Argentina, pueden provocar volatilidad. La desconfianza en las instituciones se refleja en un índice de gobernabilidad inferior al de la OCDE, lo que complica la aprobación de leyes clave.

Amenazas externas y vulnerabilidades climáticas

América Latina también está expuesta a factores externos que pueden alterar sus perspectivas:

• Aranceles y tensiones comerciales con Estados Unidos y Europa
• Condiciones financieras globales más restrictivas que encarecen el crédito
• Dependencia del precio de las materias primas en el mercado internacional
• Vulnerabilidad climática, especialmente en el Caribe y Centroamérica

Estos elementos pueden amplificar la heterogeneidad del crecimiento y obligan a fortalecer mecanismos de cooperación regional y diversificación de mercados.

Potenciales y caminos hacia la transformación

A pesar de estos desafíos, la región cuenta con reservas de resiliencia post-pandemia y recursos naturales que, bien gestionados, pueden convertirse en motores de desarrollo.

Las políticas de nearshoring en México, el auge petrolero en Guyana y el crecimiento del consumo interno en Centroamérica son ejemplos de oportunidades concretas. Además, la expansión de las energías renovables y la digitalización pueden impulsar una diversificación productiva y tecnológica necesaria para elevar la productividad.

Para capitalizar estos segmentos, es fundamental avanzar en reformas que fortalezcan la gobernanza, optimicen el gasto público y atraigan inversión privada y pública de calidad. La coordinación entre sectores—gobierno, empresas y sociedad—es clave para la transformación estructural.

Un llamado al liderazgo y la innovación

El renacer de América Latina requiere de una visión compartida que trascienda coyunturas políticas. Es necesario impulsar un nuevo contrato social basado en la equidad, la educación de calidad y la innovación tecnológica.

Los gobernantes y las élites empresariales deben asumir un rol proactivo para diseñar políticas fiscales sostenibles, promover la formación de capital humano y garantizar el acceso al financiamiento internacional en condiciones favorables.

Al mismo tiempo, la sociedad civil tiene un papel decisivo en demandar transparencia, rendición de cuentas y la implementación de planes de desarrollo local que respondan a las necesidades comunitarias.

Hacia un futuro más próspero

El potencial de América Latina es innegable. Con una población joven, recursos naturales abundantes y un creciente ecosistema emprendedor, la región puede superar las barreras actuales.

Sin embargo, este momento decisivo exige valentía política, acuerdos de largo plazo y una transformación profunda de las instituciones. Solo así se podrá alcanzar un crecimiento sostenido, capaz de reducir la pobreza y la desigualdad, y de converger con los estándares de bienestar global.

El renacer de América Latina no es una utopía. Es el producto de la articulación de voluntades, la implementación de políticas inteligentes y la convicción de que el desarrollo inclusivo es posible. Ahora es el momento de actuar con determinación y construir, entre todos, el futuro que nuestra región merece.