El sistema de pensiones se enfrenta a un cruce de caminos sin precedentes. A medida que las sociedades envejecen y las tasas de natalidad siguen por debajo de reemplazo, el modelo actual de financiación de jubilaciones necesita adaptarse con urgencia para preservar el bienestar de generaciones presentes y futuras.

El contexto demográfico

La población mayor de 65 años en España ya roza el 20,4 % del total, con casi diez millones de personas en esa franja. Para 2050, esta proporción superará el 30 %, y los mayores de 80 años representarán el 6,1 % de la población.

Este envejecimiento acelerado no es un fenómeno aislado. En la OCDE, la proporción de mayores de 65 años pasará de 33 por cada 100 adultos en edad laboral en 2025 a 52 en 2050. Esta transformación demográfica, similar a un obelisco, reta la viabilidad de cualquier sistema que dependa exclusivamente de quienes trabajan para pagar a quienes ya no generan ingresos.

Estos datos revelan una trampa demográfica: cada vez menos cotizantes deben sostener a más beneficiarios, con una esperanza de vida que se acerca a los 87 años proyectados para 2050.

Situación actual del sistema de pensiones en España

El modelo vigente es sistema público de reparto, donde las contribuciones de la fuerza laboral activa financian las pensiones de los jubilados. Históricamente, este esquema sostuvo un nivel de vida similar al 63 % del salario medio en países de la OCDE.

Sin embargo, la caída de la natalidad y la longevidad creciente obligan a un análisis profundo:

• Casi 10,3 millones de pensiones contributivas registradas en febrero de 2025, de las cuales 6,5 millones son de jubilación.
• Pensión media mensual de 1.717 € para hombres y 1.194,43 € para mujeres, con una brecha de género del 31 %.
• Gasto en pensiones que pasará del 12,9 % del PIB en 2023 al 16,1 % en 2050, y sanidad del 7,4 % al 9,4 %.

Este escenario incrementa la presión fiscal y puede recortar hasta un 14 % del PIB per cápita para 2060 si no se adoptan soluciones integrales.

Además, la diferencia de ingresos acumulados y la participación laboral explican la brecha de género. Las recomendaciones de la OCDE abogan por políticas de conciliación, accesibilidad a cuidados infantiles y eliminación de desincentivos fiscales que mantengan a las mujeres en el mercado laboral.

Reformas y propuestas para la sostenibilidad

Las reformas hasta la fecha, como la de 2021, introdujeron un mecanismo de sostenibilidad basado en el incremento de ingresos y elevaron gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. La jubilación activa, vigente en 2024, permite compatibilizar el 100 % de la pensión con el trabajo.

No obstante, la OCDE advierte que estas medidas son necesarias pero no suficientes. Para asegurar la solidez del sistema, se proponen:

• Prolongar la vida laboral vinculando la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida.
• Ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión pública.
• Desarrollar pilares complementarios (segundo y tercer pilar) que diversifiquen las fuentes de financiación.
• Implementar reformas laborales y familiares orientadas a incentivar la natalidad y la participación plena de la mujer.

Paralelamente, mejorar la productividad y replantear la organización económica pueden aliviar la carga sobre la población activa.

Un enfoque integral requerirá la colaboración de todos los actores: gobiernos, empresas y ciudadanos. Sólo así será posible diseñar un modelo de pensiones que proporcione seguridad financiera sin hipotecar el futuro de las nuevas generaciones.

Hacia un futuro sostenible y solidario

La imagen que tenemos de la jubilación está cambiando. No se trata solo de recibir un cheque mensual, sino de garantizar una vejez digna y activa. Esto implica reforzar los vínculos intergeneracionales, promoviendo la transferencia de conocimientos y la participación de los mayores en la vida social y económica.

La solidaridad intergeneracional debe ir de la mano de una gestión eficiente de los recursos públicos. La transparencia en la regla de gasto y la rendición de cuentas generarán confianza en la sociedad, imprescindible para afrontar decisiones difíciles como posibles aumentos de cotizaciones o ajustes de pensión.

Los ciudadanos también pueden aportar: fomentando el ahorro privado, participando en planes de pensiones complementarios y apostando por la formación continua para mantenerse activos laboralmente el mayor tiempo posible.

Hoy más que nunca, la sostenibilidad del sistema de pensiones requiere un pacto social. Con voluntad política, compromiso empresarial y responsabilidad ciudadana, lograremos un futuro donde la jubilación sea sinónimo de plenitud y tranquilidad.

La encrucijada demográfica puede convertirse en una oportunidad para reinventar nuestro modelo de protección social. Si trabajamos unidos, estaremos transfiriendo a las próximas generaciones un legado de seguridad y solidaridad que honre el esfuerzo de quienes nos precedieron y garantice el bienestar de quienes están por venir.