La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos y naciones a establecer sus propias políticas agrícolas y alimentarias, priorizando la producción local, sostenible y culturalmente adecuada.

Este concepto fue acuñado en 1996 por La Vía Campesina durante la Cumbre Mundial de la FAO en Roma, como reacción a un modelo de desarrollo centrado exclusivamente en la seguridad alimentaria tradicional, que se enfoca únicamente en la disponibilidad numérica de alimentos.

A diferencia de este último, la soberanía alimentaria enfatiza el control local sobre todas las fases del sistema alimentario: producción, distribución y consumo.

Principios clave y pilares

Los principios de la soberanía alimentaria se sustentan en la justicia social, la autonomía comunitaria y la protección de los recursos naturales.

A continuación, se describen los pilares fundamentales que permiten transformar un sistema alimentario dependiente en uno resiliente y equitativo:

• Prioridad a producción y consumo local: Fomenta circuitos cortos de comercialización que benefician a agricultores familiares y reducen la huella de carbono.
• Centro en personas, no mercados: Sitúa a productores y consumidores como agentes protagonistas, promoviendo ingresos dignos y condiciones laborales justas.
• Derecho a la alimentación: Garantiza el acceso físico y económico a alimentos variados, nutritivos y de calidad, conociendo su origen y prácticas de cultivo.
• Acceso equitativo a recursos: Asegura tierra, agua, semillas y crédito para campesinos y comunidades sin tierra, protegiendo sus derechos frente a importaciones baratas.
• Nuevas relaciones sociales: Promueve la igualdad de género y la participación democrática, reconociendo que las mujeres aportan hasta 70% de la mano de obra agraria en el Sur Global.

La agroecología surge como la metodología por excelencia para materializar estos principios, integrando saberes tradicionales y ciencias modernas en cada etapa productiva.

Así, se promueven sistemas multifuncionales que generan alimentos, conservan suelos y fortalecen el tejido social.

Al fortalecer estos pilares se fomenta una agricultura capaz de enfrentar crisis climáticas, proteger la biodiversidad y revitalizar las economías rurales.

Contexto económico global: crisis e inseguridad alimentaria

En América Latina y el Caribe, más de 60 millones de personas padecen hambre, lo que equivale a uno de cada diez habitantes. Esta cifra representa el retroceso de una década en la lucha contra la pobreza.

La pandemia de COVID-19, los conflictos bélicos y la crisis climática han interrumpido las cadenas de suministro, elevando de manera sostenida los precios de los alimentos e intensificando la inflación.

La inseguridad alimentaria también repercute en la salud pública, aumentando índices de desnutrición crónica en la infancia y en enfermedades asociadas al consumo excesivo de alimentos ultraprocesados.

• Aumento de 30% en el número de hambrientos entre 2019 y 2021.
• Incremento cercano a 9.000 millones de dólares en costos de importación para países vulnerables.
• Desafío directo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en materia de desigualdad y pobreza.

La globalización alimentaria profundiza la dependencia de insumos externos y vacía los territorios rurales, provocando migraciones y fracturas en los tejidos sociales locales.

Críticas al modelo actual: mercado global y dependencia

La agricultura industrial, impulsada por la llamada "Revolución Verde" y regulada por la OMC, prioriza el rendimiento y la exportación masiva, desplazando a las pequeñas unidades productivas.

Ese modelo se basa en el uso intensivo de agroquímicos y semillas patentadas, lo que genera deuda tecnológica y erosiona la soberanía de los agricultores sobre sus recursos básicos.

Además, la liberalización comercial sin salvaguardas ambientales ni sociales produce comida basura y expulsa a campesinos, como se observa en Argentina con la expansión de la soja transgénica.

El proteccionismo de países ricos y la volatilidad de los precios internacionales refuerzan la dependencia alimentaria, dificultando políticas de desarrollo local en países del Sur Global.

Comparación de impactos

La tabla muestra con claridad la brecha entre un sistema extractivo y otro inclusivo, donde el bienestar colectivo es el motor del desarrollo.

Propuestas y soluciones para un imperativo económico

Para revertir la crisis alimentaria global, es necesario impulsar políticas públicas y proyectos comunitarios que fortalezcan la autonomía local.

• Fortalecimiento de la agricultura familiar: Asistencia técnica en agroecología, seguros contra desastres y accesibilidad al crédito.
• Infraestructura rural digna: Mejora de caminos rurales, mercados de proximidad y sistemas de almacenamiento a nivel local.
• Redes de comercio colaborativo: Fomento de mercados campesinos, cooperativas y acuerdos regionales basados en la solidaridad.
• Educación y pedagogías críticas: Programas formativos que promuevan una visión holística de la alimentación y el cuidado de la tierra.

Existen experiencias inspiradoras en Brasil y México, donde cooperativas campesinas han creado agroclústers regionales que integran producción, transformación y comercialización con foco en mercados locales.

Además, resulta esencial romper los monopolios de las industrias petroleras y agroindustriales, recuperando la gobernanza de los sistemas alimentarios.

Al diversificar cultivos y reducir la huella ecológica, las comunidades pueden aumentar su resiliencia frente a crisis sanitarias, climáticas y económicas.

Diferencias con la seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria se limita a garantizar la cantidad de alimentos disponibles y asequibles, sin cuestionar la soberanía o la sostenibilidad de los procesos productivos.

Por el contrario, la soberanía alimentaria exige el control democrático de todo el ciclo: desde la semilla hasta el plato, respetando los límites de los ecosistemas y la diversidad cultural.

Un llamado a la acción colectiva

Cada ciudadano puede contribuir informándose sobre el origen de sus alimentos y apoyando proyectos locales que practiquen la agroecología.

Los gobiernos deben diseñar políticas que prioricen el bienestar de los pequeños productores y promuevan la equidad de género, reconociendo el rol central de las mujeres en la producción agraria.

Adoptar la soberanía alimentaria no es solo un ideal ético, sino un imperativo económico global que fortalece la seguridad alimentaria, impulsa la justicia social y protege nuestro planeta para las generaciones futuras.

Es el momento de unir voluntades y construir un futuro donde la alimentación sea un derecho realmente garantizado, basado en la equidad y en el respeto por la vida y la tierra.